No Votar, Desarrollar un verdadero movimiento popular

Introducción

Colusión y pugna, unidad y lucha. Ésa es la dinámica de las clases dominantes, de las facciones de la gran burguesía y los terratenientes. La unidad es relativa, la lucha es constante, el cálculo político, cuánto cede uno o el otro en el reparto de los beneficios estatales, es lo que el pueblo boliviano ha visto en el proceso político del 2008.

La agudización de las pugnas entre la burguesía burocrática (representada por el gobierno) y la burguesía compradora más los terratenientes (encarnados en la oposición, “media luna”) para imponer su proyecto de gobierno y de reestructuración del Estado devino en un pacto estampado en el proyecto de Constitución Política que será votada el 25 de enero del 2009. Los augurios de una guerra civil y una separación de Bolivia, por parte de los agoreros de una u otra facción, terminaron en nada. La explicación de esta ausencia de “fatalidad” es que las clases dominantes no se suicidan, por el contrario, cuando se ve amenazado el viejo Estado, al que llaman democrático, pactan y resuelven sus contradicciones, por eso es que la agudización de sus diferencias es un paso previo para la colusión o acuerdo. En ese marco sucedió la demostración de fuerzas en las calles durante el 2008, y la negociación política de las clases dominantes derivó en un pacto acorde con ese despliegue de las fuerzas en el campo de batalla. Como siempre, el pueblo puso los muertos y los heridos.

El pacto de las clases dominantes

Como venimos señalando, el gobierno de Evo Morales es reformista y busca la reestructuración del Estado boliviano que está en crisis profunda. Para ello levanta el viejo programa de la burguesía burocrática, aplicado en 1952 por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Eso significa que las pugnas entre el gobierno y la oposición (representantes de las facciones de la gran burguesía) son contradicciones entre un programa burgués burocrático y otro programa comprador. Contradicciones en el seno de las clases dominantes y no una contradicción entre “el pueblo y la derecha”, como argumentan los oportunistas y revisionistas en el gobierno.

El programa de la burguesía burocrática del 52 propugnaba la formación de una “burguesía nacional” capaz de sacar al país del atraso y la miseria. Junto a eso concretó reformas democráticas liberales, la nacionalización de las minas y la reforma agraria por presión de las masas mineras y campesinas. El programa agrario de ese tiempo planteó formalmente acabar con el latifundio, pero en el oriente la propia reforma inició el camino de la concentración de tierras en manos de los “nuevos” terratenientes. Se propugnó una “alianza de clases” para hacer la “revolución nacional”, pues, según algunos teóricos del “movimientismo” (MNR), la clase obrera era insignificante para hacer la revolución socialista.

La burguesía burocrática comienza a aparecer en la década de los 30, pero recién en 1950 asume la dirección del viejo Estado y aplica su programa. En los años posteriores (1950-1985) la lucha de facciones de la gran burguesía continúa en función de repartirse los beneficios del Estado.  En la década de los 80, durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP) se produce una gran crisis del Estado y la bancarrota del programa de la burguesía burocrática. En 1985 la facción compradora retoma la dirección del Estado. Nuevamente el MNR, su ala más proimperialista, dirige este proceso, aplicando el programa del viejo liberalismo, ahora llamado “neoliberal”. Nuevamente la pugna de las facciones se agudiza, pero la facción compradora vence.

La coyuntura actual refleja la nueva lucha por la dirección del Estado. Dada la crisis de éste y del programa comprador, el Movimiento Al Socialismo (MAS) entra en la batalla por el gobierno en 2004, aunque su proceso de aglutinamiento de fuerzas data de los 90. Salido de los sectores populares, el MAS asume la defensa del viejo Estado a nombre de “defender la democracia” y retoma el viejo programa burgués burocrático con un ropaje indigenista para que le proporcione legitimidad ante el pueblo boliviano. En el mismo sentido de las reformas liberales burguesas, incorpora la inclusión de los indígenas en las decisiones políticas del país, según sus argumentos, “porque los indígenas fueron tradicionalmente excluidos de los destinos de la patria” y de la administración del Estado.

A estas alturas el pacto entre el gobierno y la oposición no nos debe sorprender. La visión del gobierno de Evo Morales no es más que la visión de las clases dominantes comprometidas con un Estado explotador, hambreador y criminal.

Mientras en el 2005 el pueblo luchaba y demandaba la expulsión de las transnacionales (agenda de octubre de 2003), Evo Morales, haciendo buena plana ante el imperialismo, declaraba: “Cuando era ignorante pedía que se vayan las empresas transnacionales, ahora he entendido que tenemos que hacer negocios con ellas“. Su postura “antiimperialista” gira alrededor de este eje y se complementa con la máxima “queremos socios y no patrones” en los negocios con las transnacionales. La “madurez” de las declaraciones de Morales y su pensamiento van con la necesidad de administrar el gobierno en alianza con los sectores compradores y terratenientes.

Álvaro García Linera, vicepresidente del país y arrepentido de la lucha armada, expresó de manera nítida, en mayo del 2007, a la revista Nueva Sociedad Nº 209, que su gobierno busca una “redistribución pactada del poder”. Sobre las reformas en la entonces Asamblea Constituyente dice: “nuestro objetivo es pactarla”, refiriéndose a las pugnas con la oposición (burguesía compradora y viejos terratenientes). “Lo que tienen que entender las viejas élites es que ahora deben compartir las decisiones con los indios”, plantea, y respecto a su visión del llamado “proceso de cambios” dice que “es una ampliación de las élites, una ampliación de derechos y una redistribución de la riqueza”.

La necesidad de lograr un pacto con la oposición también fue planteada claramente por Evo Morales en otro discurso, luego del referéndum revocatorio de mandato de agosto del 2008. Mientras sus correligionarios le pedían mano dura contra la oposición, Evo dijo: “Estamos convencidos de que es importante unir a los bolivianos, y la participación del pueblo con su voto es para unir a los distintos sectores del campo y la ciudad, del oriente y del occidente, y esa unidad se hará juntando la nueva Constitución Política del Estado boliviano (propuesta del gobierno) con los estatutos autonómicos (propuesta de la “media luna”). Ésa es la mejor forma de unir a los bolivianos y bolivianas”.

Sólo la necedad de los revisionistas y oportunistas no puede ver esta dinámica de colusión y pugna, principalmente porque están comprometidos en puestos de trabajo en el propio gobierno.

Las clases dominantes tuvieron la necesidad de pactar por diferentes razones:

1.      La fuerte polarización puede poner en peligro los intereses de las clases dominantes en su conjunto.

2.      Las facciones de la gran burguesía no tienen el interés de aplastarse una a otra porque, en definitiva, sus contradicciones no son antagónicas.

3.      La agudización de estas contradicciones debilita al Estado y abre la lucha de las masas.

4.      El ascenso de la lucha de las masas, a la que convocaron ambas facciones, amenazaba con salir del control corporativo al que están sometidas a través de la dirección de sus dirigentes. Había peligro de rebasar a esa dirigencia.

Por ello, gobierno y oposición iniciaron negociaciones clandestinas, mientras que en público azuzaban a sus bases haciendo demostraciones de fuerza.

El pacto mostró que, como tradicionalmente ocurre, las viejas fuerzas partidarias (MNR, Podemos, Unidad Nacional y el MAS) tienen el poder de definir una situación y que la Asamblea Constituyente nunca tuvo el poder originario o fundacional, inútilmente reclamado por quienes creían refundar el país. A los asambleístas les quedó el papel de tontos útiles y figuras decorativas del “proceso de cambio” del gobierno de Evo Morales.

Para que no queden dudas de la concepción del gobierno basta ver estas ilustrativas declaraciones de uno de los protagonistas principales en la negociación política, Álvaro García Linera, en un Coloquio público denominado “Poder y Cambio en Bolivia (2003-2007)” realizado el pasado noviembre en La Paz:

“El pacto de la nueva Constitución no hubiera sido posible sin un momento guerrero en la historia… Ha habido una extraña mezcla con los compañeros senadores reunidos, decir ‘en esto cedo, en esto no’, llamar a la CAO (Cámara Agropecuaria del Oriente que agrupa a los terratenientes de Bolivia), llamar a Surco (máximo dirigente del Conalcam), llamar a la COB (Central Obrera Boliviana), hacer esos pactos inclusivos que no se redujeron a los dos compañeros redactores que fueron los compañeros Borth (senador de Podemos) y el ministro (de Agricultura, César Romero), pero esos compañeros rodeados de reuniones, salidas clandestinas del Congreso para tener que reunirse con empresarios, con organizaciones sociales, dirigentes sindicales. Hubo un nivel de pacto muy rico y de alguna manera, inaugurando lo que van a tener que ser los futuros pactos políticos en el país, congresales y extracongresales, canalizados a través de un hecho congresal. A la vez esta nueva modalidad de pacto político social sustancial no hubiera sido posible sin un momento de tensionamiento, que yo lo califiqué de punto de bifurcación que creo que se ha dado, que ese momento de exhibición de fuerzas, no necesariamente el despliegue brutal de la fuerza, pero si la exhibición guerrera de las fuerzas, pequeños choques, en mirar cuánto gano y cuánto pierdo, y a su modo hacer armisticios y capitulaciones. Creo que esta construcción de lo democrático, o este enriquecimiento del pacto democrático de los últimos meses no hubiera sido posible sin esta previa escenificación guerrera de correlación de fuerzas, bruta, despliegue de pura correlación de fuerzas, cuántos aeropuertos te toma, cuántos miles de movilizados cercan, cuántos regimientos están en apronte, cuántos detenidos, cuántos enfrentamientos, y sobre la suma política de eso, decir ‘ya está bien, me voy para atrás’, o ‘me voy para atrás pero déjame esto’, o ‘llego hasta aquí pero te doy esto para que te quedes tranquilo’… El momento de exhibición de fuerzas llana, brutal, en el caso de Bolivia ha costado casi 20 muertos para dar lugar, para obligar, no tanto a las fuerzas del gobierno que vinieron rogando pactos desde hace mas de un año y medio, sino principalmente a las fuerzas opositoras que, hasta el día del estado de sitio, me atrevo a pensar que confiaban en su fuero interior que en algún momento nos íbamos a caer... Nunca creyeron en la persistencia, y creo que en el momento en que entendieron que no nos íbamos a ir así nomás, que estábamos dispuestos a todo, fue en dos momentos cuando se dispuso, se organizó una gigantesca movilización en torno a Santa Cruz, más gigantesca de lo que podría parecer, y el estado de sitio”.

La necesidad de pactar con la “media luna” en la cabeza de los “estrategas del gobierno” está muy clara. El manejo y el cálculo político de las acciones en los enfrentamientos de gobierno y oposición, el uso corporativo de los sectores sindicales y las masas, las negociaciones secretas con empresarios, terratenientes y dirigentes políticos de oposición, y la organización de las protestas, que el gobierno y sus allegados denominaban “marchas realizadas espontáneamente por los movimientos sociales”, estuvieron dentro de su planificación con el fin último de ir a la negociación.

Los maoístas venimos planteando que la agudización de la pugna política de las facciones es el paso previo para sentarse a la mesa de negociaciones. La naturaleza de este enfrentamiento está orientada a esquivar el peligro para el Estado, así lo confiesa García Linera cuando dice: “Creo que esta construcción de lo democrático, o este enriquecimiento del pacto democrático de los últimos meses no hubiera sido posible sin esta previa escenificación guerrera de correlación de fuerza bruta, despliegue de pura correlación de fuerzas”. Ésta es la expresión del comportamiento de las clases dominantes y su necesidad de pactar una convivencia en el poder. García reveló que el gobierno necesitaba ese acuerdo hace mucho tiempo por eso la “escenificación guerrera” fue “para obligar, no tanto a las fuerzas del gobierno que vinieron rogando pactos desde hace mas de un año y medio, sino principalmente a las fuerzas opositoras”.

Frente a este modus operandi del MAS, los argumentos altisonantes del revisionismo no son más que la vil complicidad y estafa al pueblo boliviano para socapar un programa de gobierno con el justificativo de que éste pretende acabar con el capitalismo, que está desmontando el neoliberalismo y que ha iniciado la marcha hacia el socialismo. El trabajo de los revisionistas sólo sirve, en los hechos, para sostener al viejo Estado en su insalvable crisis y para que este viejo Estado siga explotando al pueblo.

Ciertamente la habilidad del gobierno en la negociación, le ha permitido retomar la iniciativa política que estaba perdiendo, ha debilitado a la oposición y ha afianzado a la facción burocrática en el gobierno con la fuerza del control de Estado.

Esto no significa que el pueblo ganará algo. El resultado plasmado en el nuevo proyecto constitucional es una muestra (una reforma constitucional no va a cambiar la situación de las clases explotadas) de cómo se han distribuido los intereses entre una y otra facción.

Los resultados de la negociación

El país pasó más de un año pagando los gastos de una Asamblea Constituyente que nunca dio resultados concretos. Nunca tuvo el poder fundacional que reclamaba, y ni siquiera pudo imponerse a los sabotajes de los sectores reaccionarios en la ciudad de Sucre. La mayor muestra de ello fue su triste culminación en un cuartel militar y con resultado de tres muertos, un abogado, un carpintero y un universitario alcanzados por balas de la Policía.

Un año después de estos acontecimientos, el gobierno y la oposición en el Congreso sancionaron (octubre de 2008) una propuesta con más de 100 artículos (de 400 en total) cambiados al texto elaborado por los constituyentes a fines de 2007.

La propuesta del MAS aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro (diciembre de 2007) era de por sí un mamarracho de contradicciones, donde primaba el espíritu liberal y donde el más grande beneficio para los sectores indígenas era un reconocimiento cultural, su derecho a las autonomías con una aplicación que nadie puede resolver y un “control social” que hasta la fecha no ha funcionado. La propuesta también planteó limitar el tamaño del latifundio a 5.000 ó 10.000 hectáreas.

En la cuestión económica las fuerzas reaccionarias no habían puesto mayores observaciones. El partido del empresario Samuel Doria Medina, Unidad Nacional (UN) manifestó que no tenía discrepancias y sus militantes participaron de la sesión de aprobación del texto en Oruro. Las observaciones del partido de Tuto Quiroga, PODEMOS, señalaban que la Constitución del gobierno atentaba contra la propiedad privada, pero este argumento era parte de la campaña propagandística de la oposición pues las reformas de Evo Morales nunca apuntaron, ni en sueños, a acabar con la propiedad privada, como sus dirigentes aclaran a diario a través de la prensa.

Pero las cosas cambiaron en octubre de 2008, cuando el texto aprobado por la Asamblea Constituyente fue sometido a una revisión en el Congreso. Allí los políticos opositores se mantuvieron enterados de las negociaciones entre el gobierno y los representantes de la “media luna”. Durante las negociaciones, el diputado Pablo Klinski (PODEMOS y “media luna”) anunció públicamente que estaban a un 99% de llegar a un “acuerdo feliz” y que las observaciones de los cívicos de Santa Cruz eran de forma y no de fondo. Klinski pidió al MAS ser flexible en esas observaciones secundarias para poder llegar a un buen acuerdo.

Al final la negociación de octubre de 2008 modificó más de 100 artículos del texto original. Entre los temas negociados más importantes se encuentran las autonomías, el control social y la tenencia de la tierra.

Las autonomías fueron demandadas por las clases dominantes del oriente y chaco boliviano, con el Comité Cívico de Santa Cruz como principal referente. La propuesta pactada recoge en parte las competencias de los “estatutos autonómicos” redactados por los “cívicos”, quienes particularmente en Santa Cruz llegaron a plantear una estructura de pequeño Estado dentro del Estado boliviano, con potestades de controlar recursos naturales en sus regiones, la dotación y titulación de tierras, la intervención en las políticas educativas, de salud, de justicia y hasta la creación de un órgano parapolicial para la protección de las futuras autoridades departamentales. La facultad legislativa para las autonomías fue una concesión del gobierno del MAS a los “cívicos”, quienes consiguieron 36 competencias exclusivas para administrar parte del Estado en sus regiones, fuera de las competencias compartidas con el Estado que se definirán a futuro. A pesar de ello, un sector minoritario de la oposición aún reclama que la Constitución no reconoce las autonomías departamentales.

El tema del “control social” fue el más recortado en la negociación interna de la gran burguesía. Inicialmente la propuesta de las bases del MAS, sobre el “control social”, fue presentada incluso como un suprapoder entregado a la sociedad para controlar los diferentes niveles del Estado y evitar los “viejos males de la sociedad”, como la corrupción, el prebendalismo, el cuoteo político, etcétera. En el marco del viejo Estado, el “control social” sólo puede funcionar como un aparato de cooptación oficial, como actualmente sucede con los comités de vigilancia, las juntas escolares y las organizaciones territoriales de base (OTBs) creadas por la burguesía compradora durante el denominado periodo “neoliberal”. Por eso la propuesta nacida en las bases del MAS puede ser bien intencionada, pero es inaplicable en un Estado terrateniente burocrático, donde los “viejos males” están enraizados en su estructura. La idea, además, fue desechada por los mismos representantes del gobierno del MAS. García Linera dijo al respecto en el mencionado foro de “Poder y Cambio”:

Permítanme comentarles cómo es que se da esta eliminación del control social que estaba presente en (el proyecto de Constitución aprobada en) Oruro en las estructuras del Estado… Uno de los elementos del debate que se dio a nivel de direcciones nacionales y direcciones intermedias (del MAS), que participaron en todo el proceso de reforma de la Constitución, porque los congresistas…no tomaban decisiones de los elementos claves del cambio sin una previa consulta que se daba a nivel de estos ámbitos de dirección en los que a momentos participó el presidente Evo cuando caminaba de El Alto a la ciudad, tenía que ver con este debate que ya estaba en la Asamblea Constituyente, que era de controlar a nosotros mismos. Es la idea del Estado como una externalidad a la que hay que someter al control del movimiento social, versus la idea del Estado como algo propio en el que uno está. Entonces los compañeros decían ‘si nosotros somos Estado, somos gobierno, somos prefectos, somos concejales, senadores, diputados, presidentes de YPFB, Canciller, por qué tener algo que nos controle a nosotros mismos, como si fuéramos opuestos al movimiento’. Ésa fue una línea de debate, muy rica”.

Para García Linera, la discusión sobre el “control social” tiene que ver con la naturaleza de clase del viejo Estado. Su lógica introduce una propaganda nefasta: el hecho de que dirigentes indígenas y sindicales tengan cargos en la administración del viejo Estado (diputados, directores, ministros), significa que los sectores indígenas y sindicales han tomado las riendas de ese Estado. A través de esa lógica simplona, los operadores políticos del MAS venden el cuento de que las masas o sus dirigentes están administrando el Estado, por tanto un autocontrol sería inútil.

Un aspecto secundario que confirma estas declaraciones es que las decisiones centrales, para cambiar la Constitución en el Congreso, fueron consultadas al propio Presidente de la República, desechando las versiones de quienes pretenden esconder la responsabilidad de Evo Morales en las negociaciones.

El tema de la propiedad y tenencia de tierras fue la concesión más grande a favor de los terratenientes. Según el ministro de Agricultura Carlos Romero, el gobierno negoció con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y acordaron llevar a un referéndum el límite del latifundio (5.000 ó 10.000 hectáreas) para propiedades adquiridas después del 25 de enero de 2009. El artículo 399 de la propuesta de “nueva” Constitución dice que la delimitación del latifundio no será retroactiva, es decir que está garantizado el respeto a las grandes haciendas y latifundios actuales. En síntesis, el proyecto constitucional protege los intereses de las facciones en disputa (compradora y burocrática) y los terratenientes.

La propaganda de la destrucción del latifundio fue un puntal del gobierno en respuesta a la demanda democrática e histórica de tierras por parte del pueblo boliviano, y en particular del campesinado. Esta demanda no fue resuelta por la reforma agraria de 1953, que sólo permitió evolucionar la semifeudalidad, consolidar la propiedad terrateniente en el oriente boliviano y generar el minifundio en todo el occidente del país.

La penetración de capitalismo en el campo a través de formación de la agroindustria no ha eliminado la servidumbre en la producción agraria, ni el gamonalismo como práctica política, son ellas, juntamente con la gran propiedad latifundista, la mayor expresión de la pervivencia de la semifeudalidad sobre la cual se desarrolla el capitalismo burocrático.

La medida del gobierno sólo significa que el camino terrateniente se consolida una vez más, aunque para convencer a sus bases campesinas se propaga el discurso de que las tierras improductivas les serán expropiadas a los terratenientes. La propaganda tiene el aplauso del Conalcam y todos los dirigentes cooptados por el gobierno.

La semifeudalidad en Bolivia

Las contradicciones entre las facciones de las clases dominantes han permitido ver en su aguda expresión la pervivencia de la semifeudalidad.

La estructuración del poder de los terratenientes y la burguesía compradora en el país, aunque instalada con más fuerza en la región de Santa Cruz, se desarrolló gracias al uso del Estado a través de concesiones, subvenciones, amnistías tributarias, prebendas, corrupción, etcétera, pero principalmente debido a la acumulación de plusvalor, producto de la explotación de la fuerza de trabajo de la gran mayoría de obreros y campesinos de esas tierras.

La colonización de la amazonía y el Chaco boliviano para la explotación agrícola se remonta al Plan Bohan (de los 40), y se consolida con la titulación de propiedades de la Reforma Agraria de 1953. Así se reproducen nuevamente las viejas relaciones sociales que imperaban con los patrones de haciendas en la zona occidental del país (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí).

El latifundio, la servidumbre y el gamonalismo son las expresiones vivas que predominan no sólo en la llamada “media luna” sino también en los departamentos occidentales del país, aunque en diverso grado y de manera renovada o disfrazada.

La gran propiedad, que en algunos casos alcanza hasta medio millón de hectáreas, ha mostrado su fuerza en este conflicto. Las pugnas de gobierno y oposición desnudaron la existencia de propiedades (en Santa Cruz, Beni y Pando) que superan el área urbana de la ciudad de Santa Cruz. Las familias terratenientes son dueñas de 10 mil, 50 mil, 100 mil y hasta 500 mil hectáreas, incluyendo bosques, lagos, lagunas, vías de comunicación, etcétera. En estas grandes propiedades se concentra la producción “agroindustrial”, la ganadería, la extracción de madera y el uso de la tierra para la especulación financiera.

Junto con esto también ha sido titular de prensa la existencia de “comunidades cautivas”, es decir poblaciones que viven en las propiedades de los patrones, sometidas a la servidumbre que trabajan por pan y un techo, con aspectos como la salud, la educación y otros manejados por los patrones. Estas relaciones de servidumbre abiertas no existen solamente en el Chaco boliviano (región que involucra a tres departamentos: Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca), donde se denuncia la presencia de terratenientes improductivos y de viejo cuño, sino también en zonas como en el norte del país (Beni y Pando) donde se conoce la existencia de “comunidades empatronadas”.

A esto hay que agregar que las relaciones a las que se someten los campesinos durante el periodo de la zafra (cosecha castañera, cañera, entre otros) se dan en condiciones servidumbrales. Muchas veces no sujetas a una relación salarial sino al cambio de productos. En otros casos los terratenientes utilizan el famoso “habilito” (adelanto del pago en dinero y/o en especie para forzar un endeudamiento del obrero) para encadenar a los zafreros a las peores condiciones de explotación.

Estas formas se cruzan actualmente con la retención de mano de obra, a través de diversas formas y a veces sin pago. Según algunos académicos, en comunidades indígenas de la Chiquitanía aún se toma a menores indígenas para que “acompañen” el crecimiento de los hijos del patrón en la hacienda o estancia.

Estas condiciones, sumadas a la existencia generalizada del minifundio y las relaciones de aparcería en el occidente boliviano, nos dan una idea clara de la persistencia de la semifeudalidad.

Otro elemento importante de la semifeudalidad, el gamonalismo, también se mostró en auge en esta disputa. José Carlos Mariátegui señaló que

el término «gamonalismo» no designa sólo  una categoría social o económica: la de los latifundistas o grandes propietarios agrarios. Designa a todo un fenómeno. El gamonalismo no está representado sólo por los gamonales propiamente dichos. Comprende una larga jerarquía de funcionarios, intermediarios, agentes, parásitos, etc. El indio alfabeto se transforma en un explotador de su propia raza porque se pone al servicio del gamonalismo. El factor central del fenómeno es la hegemonía de la gran propiedad semifeudal en la política y el mecanismo del Estado. Por consiguiente, es sobre este factor sobre el que se debe actuar si se quiere atacar en su raíz un mal del cual algunos se empeñan en no contemplar sino las expresiones episódicas o subsidiarias” (subrayado nuestro).

Es decir, el manejo político en función del poder terrateniente. Éste se organiza en Bolivia de diferentes formas y es conocido como gamonalismo o caciquismo.

Las pugnas entre gobierno y oposición mostraron de manera clara, como en el caso de la Prefectura de Pando, la existencia de toda una organización política al servicio de los terratenientes. Toda una rama de funcionarios de mayor y menor jerarquía, ingenieros, técnicos, periodistas y hasta personal de servicio, que desarrollan sus actividades en función de las políticas dictadas por los grandes propietarios de la tierra. Esta situación se reproduce con mayor o menor similitud en otros gobiernos departamentales, particularmente donde hay una fuerte presencia del latifundio.

Sin embargo a nivel del gobierno central, manejado por el MAS, también se reproduce esta práctica. La corrupción y el manejo prebendal no han sido ni de lejos la excepción en la administración de Evo Morales. Todo ciudadano que desgraciadamente debe hacer un trámite en las dependencias estatales sabe que la corrupción persiste, así como la repartición de puestos de trabajo previa recomendación de un dirigente sindical adicto al gobierno. Ahí está el caso de la venta de avales para conseguir cargos en el gobierno, que involucró a altos dirigentes del MAS, incluidos diputados y un senador. Este hecho que Morales criticó a sus correligionarios, por hacerse “pescar por la prensa”, ha quedado en el olvido. El caso más reciente sucedió en la Prefectura de Cochabamba, donde Rafael Puente del MAS renunció a ser prefecto luego de tres meses de gestión, denunciando un saqueo de la administración pública amparado por el mismo Evo Morales. Este manejo de las instituciones del Estado, que Puente denomina como la existencia de un “Estado patrimonial”, muestra la pervivencia de formas semifeudales en la superestructura política.

En otra arista del gamonalismo, los terratenientes (estrechamente ligados a la burguesía compradora), readecuando los grupos de pistoleros que han sido práctica común en sus territorios, han impulsado las autodenominadas “organizaciones cívicas” compuestas también en su base por gente pagada que reprime los ascensos de la lucha campesina y popular (dirigida por el gobierno algunas veces y otras no).

Las “uniones juveniles” se convirtieron en verdaderas puntas de lanza del poder gamonal, al servicio del poder terrateniente y burgués comprador en oposición al gobierno. Estas “uniones juveniles” se constituyeron en verdaderas mesnadas reaccionarias que usan mazos y puños para intimidar a todo aquel que se oponía a las políticas regionales, controladas por los opositores al gobierno.

Si bien las acciones de estos grupos revisten un carácter fascista por su brutalidad y desprecio particular a los campesinos e indígenas, lo concreto es que son expresiones renovadas del poder gamonal al servicio de los grandes propietarios de la tierra, organizados y financiado por éstos, y son parte también de toda la estructura de poder político departamental. Los propios dirigentes cívicos y autoridades prefecturales saben que estas “uniones juveniles” son necesarias para poder aplastar la emergencia popular y las acciones promovidas por el gobierno del MAS.

Prebendas, cuoteo y caudillaje, expresión de la semifeudalidad

Una expresión de la semifeudalidad en la superestructura política es el manejo del Estado como una instancia de botín político o como una parcela agraria. El “cuoteo político” muy practicado en los gobiernos anteriores sigue siendo práctica en este gobierno. Las dirigencias acólitas al gobierno suelen enviar, con una carta de aval, a ciertas personas para obtener puestos de trabajo en la administración estatal. Esta pelea por cargos administrativos desató una verdadera crisis en el partido de gobierno el 2007 que generó enfrentamientos entre los “militantes” y los “invitados” del MAS. De igual forma el “padrinaje o compadrazgo” han sido denunciados en la administración del Estado.

Esta práctica ha sido justificada por algunos dirigentes del MAS, quienes han demandado sus cuotas de poder diciendo que hay que descolonizar al Estado a través de un cambio de los funcionarios actuales por otros de extracción indígena.

Las Fuerzas Armadas asesinas tienen también su cuota de poder otorgada por el gobierno para comprar las lealtades de los altos mandos, en ese afán Morales ha llegado a declarar que las Fuerzas Armadas bolivianas son ahora fuerzas revolucionarias. Varios ex comandantes de las FFAA y la Policía están como directores y viceministros de la administración estatal, en la Aduana Nacional, el Ministerio de Defensa y la Prefectura de Pando.

Otro rasgo del manejo político del gobierno es el caudillismo de Evo Morales, quien suele ser el que decide quién sirve o no sirve en la administración estatal. La política que aplica Evo Morales es bajar el perfil (incluso con la humillación) a un dirigente que comienza a surgir con alguna fuerza en el MAS o eliminar a algún funcionario cuando se sale del papel escrito por el caudillo. En varios casos, los funcionarios cuestionados se enteraron de su eliminación, a partir de una decisión de Evo Morales, por la prensa. Los ex militantes del MAS Guillermo Beckar y Guido Guardia, diputado y senador respectivamente, denunciaron por separado casos de corrupción en el gobierno, y fueron enviados a la congeladora y echados del MAS.

Para el gobierno, lo que no le sirve, se desecha. Un caso ilustrativo es el del general de Ejército César López, ex Presidente de la Aduana Nacional. A pesar de que algunos sectores populares cuestionaron ese nombramiento porque López está involucrado en la “masacre de octubre de 2003”, el gobierno de Evo Morales defendió al militar por ser “un gran patriota”. Pero cuando López denunció al poderoso ministro Juan Ramón Quintana de avalar contrabando y corrupción en el departamento de Pando, tuvo encima una campaña propagandística desde el gobierno que le identifica como represor de octubre de 2003 y autor del desarme de las FFAA (entrega de misiles a EEUU), hechos inobjetables desde antes que el MAS asumiera el gobierno. Aquí resalta el manejo maniqueo del gobierno que ni siquiera da explicaciones a sus bases acerca de por qué el “ahora” genocida era hasta hace poco un “militar patriota” y reserva moral del Estado. El espíritu caudillesco en el partido de gobierno demuestra un menosprecio hacia sus propias bases.

Bolivia semicolonial

Aquí podemos ver, con todos estos elementos, la supervivencia de la semifeudalidad que, ligada a la semicolonialidad por el dominio imperialista, desenvuelve un capitalismo burocrático.

Únicamente el oportunismo y revisionismo, junto a funcionarios del gobierno, propagan la falacia de que el país ya no está sometido al imperialismo. En esa tarea se han elaborado las más diversas teorías, desde las que dicen que el país ha roto la dominación imperialista hasta aquélla que reconoce como imperialismo únicamente al gobierno yanqui y oculta el papel imperialista de las potencias europeas y de otras, como Rusia o China.

Las grandes inversiones yanquis y europeas en hidrocarburos y minería muestran la enorme dependencia de la economía nacional. A esto se suma la subordinación del país al “mercado internacional”. El gobierno boliviano utiliza reiteradamente un discurso antiimperialista, reiteradamente ataca a uno que otro funcionario o a una que otra institución del gobierno yanqui a los que eventualmente acusa de trabajar para la oposición.

Una característica de la burguesía burocrática en el pasado ha sido el discurso antiyanqui, para privilegiar otras inversiones de otras potencias imperialistas. A nivel regional lo podemos apreciar con el gobierno de Chávez, que si bien tiene sus principales negocios con los yanquis, busca lazos con Europa o Rusia para diversificar sus opciones. Bolivia no escapa a esa lógica, ha concretado inversiones con la India y tiene fuerte interés de hacer inversiones con Gazprom, la más grande empresa de exploración de hidrocarburos del mundo, que actúa como verdadera expresión política de los afanes hegemónicos del gobierno ruso y su burguesía. Gazprom no es precisamente una víctima del negocio imperialista.

Las poses de Evo Morales en su discurso no son antiimperialistas, son a lo mucho antiyanquis o antiBush, pues, como enseñó Mariátegui, no se puede ser antiimperialista sin ser anticapitalista y este gobierno no da un sólo paso en esa dirección.

El Estado, palanca de una facción de la gran burguesía

Una característica del Estado boliviano es que sirve de palanca para enriquecer a las clases dominantes y aplastar a los sectores populares cuando éstos emprenden luchas frontales contra el poder que representa.

Este uso del Estado siempre fue criticado por los sectores académicos progresistas o por liberales de escritorio. En los hechos la gran burguesía y los terratenientes utilizaron y utilizan al Estado como palanca para obtener un sinnúmero de beneficios en sus negocios como subvenciones, créditos nunca pagados, licitaciones arregladas, etcétera. Los grandes negocios han sido reservados para los grandes socios, y el grueso de la torta para el amo imperialista.

Se trata del capitalismo monopolista de Estado, que bajo la burguesía burocrática (representada por el MAS) adopta apenas diferencias anecdóticas. Una vez más, García Linera ilustra este manejo del Estado, esta vez, para favorecer a la facción burocrática de la gran burguesía:

El bloque de poder ascendente y el bloque de poder descendente, el principal mecanismo de presión política que tienen para consolidar posiciones es fundamentalmente el PGN  (Presupuesto General de la Nación), el uso de los recursos estatales. Cuando uno estudia con atención la importancia que se tiene en la consolidación de iniciativas, por ejemplo el ascenso contemporáneo de la China o la modificación de las estructuras políticas en caso de Norteamérica, está claro que el uso del PGN es decisivo”.

Cuando García habla del bloque de poder ascendente y del descendente se refiere por supuesto al gobierno y la oposición dentro de su autodenominado “proceso de cambio”. Para nosotros esto expresa la disputa entre las facciones de la gran burguesía, la burocrática y la compradora, y no una lucha entre los explotados y los explotadores. Aquí lo destacable es además la confesión del Vice acerca del uso del poder económico del Estado para “consolidar posiciones” políticas y apuntalar a una de las facciones de la gran burguesía:

Desde cosas tan sencillas como (si) hemos de comprar tractores. ¿A quién compro?, ¿al empresario vinculado a Podemos (partido de Tuto Quiroga) o al empresario vinculado al MNR (partido de Gonzalo Sánchez de Lozada)? En esa decisión administrativa se juegan 30 millones de dólares, ya no decir de las grandes carreteras o de las grandes inversiones para construir empresas o el uso de dinero que tienen que ver con la alimentación de la tropa (militar o policial), la confección de los uniformes o la compra de material administrativo del Estado. Mil millones solamente en pequeñas compras, enseres, ropa, bolígrafos, fotocopias, hojas, movilidades, etcétera. En esa redistribución se consolidan acuerdos que luego se los cobra al momento de levantar la mano en el Congreso, o que se sancionan al momento de preguntarles ¿dónde estuviste en septiembre de 2008?, ¿de qué lado, de aquél o de éste otro lado? Si estuviste de aquél lado, te perdiste de la compra de 50 millones de dólares”.

El gobierno de Evo Morales, que se autodefine como un “gobierno del pueblo”, no hace sino utilizar al viejo Estado para favorecer a capitalistas afines, y quebrar (con la indiferencia) a los no afines. De paso consigue, a nivel político, lealtades permanentes o temporales de aliados u opositores. La redistribución económica, que tanto quita el sueño a los economistas liberales, es exclusivamente favorable a las clases dominantes a las que el viejo Estado ofrece miles de millones de dólares, mientras que al mismo tiempo destina migajas para el pueblo a través del bono Juancito Pinto y el bono Dignidad que anualmente le demanda 200 millones de dólares.

Por eso es que la propaganda de la descolonización del Estado, de “acabar con las viejas prácticas estatales” y del Estado al servicio del pueblo sirve simplemente para engañar a las masas. En realidad García Linera está confesando cuál es la forma en que se consolida el programa de la burguesía burocrática, por la misma vía en que se consolidaron antes los planes de la burguesía compradora. La única diferencia es que ahora en el gobierno están elementos nacidos en los sectores populares, aunque con una vieja y gastada esencia: viejo vino en nuevos odres.

García termina su idea del manejo de la economía para consolidar al “poder emergente” con una hipótesis interesante: “Esta es una hipótesis personal, en los Estados en transición, la principal herramienta de consolidación del bloque de poder ascendente es el PGN, más que la Policía, más que el discurso, aparte está por supuesto el tema de la movilización social…”.

Los Estados en transición, a los que él se refiere, son los países del tercer mundo. Desde nuestro punto de vista son aquellos donde se desenvuelve un capitalismo burocrático sobre una base semifeudal o semicolonial en diverso grado de desarrollo y sometimiento. Lo importante de la hipótesis de García es que muestra que las contradicciones entre las facciones de clase burguesa o contradicciones con los terratenientes no son contradicciones antagónicas, no son contradicciones que tengan como fin destruir al Estado terrateniente burocrático ni a las otras facciones de clase. En última instancia se trata de repartirse los espacios de poder y los recursos que pueden ser aprovechados del viejo Estado, una lucha que sucede manteniendo ciertos intereses y cediendo otros.

En un proceso revolucionario los explotados se plantean la tarea de destruir el viejo Estado y construir uno nuevo para crear una sociedad sin explotadores ni explotados, para acabar con la dominación del capital sobre la fuerza de trabajo. Ahí el papel central de las fuerzas armadas, como columna vertebral para defender el viejo Estado, es determinante. Las declaraciones de García son una prueba más de que no estamos frente a un proceso revolucionario, ni que su “proceso de cambio” sea “paso adelante” en la construcción de una nueva sociedad.

La aristocracia sindical

La burguesía burocrática, a través de un discurso de ropaje popular o revolucionario, busca cooptar a las masas y direcciones sindicales para imponer su programa. Con este fin aplica una política corporativa de cooptación al movimiento popular y, cuando no logra conquistar direcciones sindicales, las divide o crea organizaciones paralelas.

En Bolivia, la burguesía compradora ha buscado ganar también algunas direcciones en el campo popular aunque sin mucho éxito. Por su lado la burguesía compradora y terratenientes forman asociaciones que aglutinan a grandes y pequeños productores agrícolas, ganaderos o madereros. Esta estrategia les permite meter en una misma bolsa a miembros de la llamada “agroindustria”, con productores chicos o medianos para disfrazar así las contradicciones de clase. De esta forma pueden enfrentarse al gobierno y mostrar que sus organizaciones representan a todos.

En el movimiento popular, las masas son arena de contienda y cada facción de la gran burguesía busca apoyo para su propio programa político. A cargo de la administración del Estado y apoyado en el tráfico del discurso revolucionario, el gobierno saca los mayores provechos en esta política de cooptar a dirigentes de sectores populares, principalmente de cocaleros (del Chapare), sindicatos campesinos y gremiales (comerciantes). Las cooperativas mineras, incluso cuestionadas por los oportunistas-funcionarios, también han sido sus aliadas desde el inicio de la gestión, con tan sólo un “incidente” en octubre de 2006 con los hechos de Huanuni (donde murieron varios mineros).

El apoyo de estas estructuras no ha sido gratuito. Al margen del dinero que se envía para  movilizar a las bases, los dirigentes han recibido oficinas nuevas, cheques para financiar “proyectos”, vehículos para su desplazamiento e incontables viajes a Venezuela o Cuba. En algunos casos los dirigentes tienen ítem pagado por el gobierno. Las direcciones sindicales no alineadas al gobierno, no reciben absolutamente nada, más bien son combatidas con especial fuerza, denunciadas de ser “aliadas de la derecha” y reprimidas sus protestas con saldos de muertos y heridos. Ahí están los casos de los cocaleros de Yungas de Vandiola (dos muertos), los “sin techo” de Oruro (un muerto), estudiantes normalistas en Arani (un muerto), movilización de Sucre (3 muertos), mineros en Caihuasi (dos muertos), trabajadores de zona franca en Patacamaya (un muerto); esto sin contar con las responsabilidades políticas del gobierno en hechos como el de Huanuni, donde hizo promesa a los dos sectores (mineros asalariados y mineros cooperativistas) que culminaron enfrentándose con saldos de muertos y heridos.

La represión contra sectores populares no alineados al MAS es un mecanismo para anularlos. El otro mecanismo es la creación de sindicatos, movimientos o dirigentes paralelos. En su primer año, por ejemplo, el MAS no tuvo un apoyo explícito de la Central Obrera Boliviana (COB), y organizó el Estado Mayor del Pueblo. Los masistas trataron de levantar este organismo para movilizar a las masas a su favor, pero nació casi muerto y el intento quedó en el fracaso.

El revisionismo y el oportunismo pregonan que las “organizaciones populares” surgidas este último año han sido creadas por las masas para “controlar” al MAS a fin de que éste no se desvíe de su camino. Esta ridícula afirmación tiene por objetivo ocultar que el gobierno maneja de manera corporativa a una costra sindical que se beneficia de las gollerías gubernamentales. Es el caso de la CONALCAM (Comité Nacional para el Cambio), organismo creado en el seno mismo del MAS e integrado por algunos militantes masistas.

Tanto en la creación de la Conalcam como Corelcam (Comité Regional para el Cambio) de El Alto tienen el auspicio y la anuencia del gobierno. Los ministros de gobierno han posesionado a estos dirigentes y, por ejemplo, Fidel Surco, presidente del Conalcam, coordinó directamente las movilizaciones en el Palacio de Gobierno durante los enfrentamientos con la “media luna”.

El papel del revisionismo

En nuestro país no existe un partido revolucionario, por ello a lo largo de la historia el pueblo boliviano no pudo identificar claramente a los enemigos de la revolución. Los partidos comunistas de membrete siempre se mantuvieron a la cola de la burguesía burocrática, y llegaron a caracterizar como “progresistas” a algunos gobiernos militares.  Aquí es importante mencionar su participación en el gobierno de la Unidad Democrática Popular (UDP), denominado de izquierda, como una sencilla muestra de que siempre han abogado por la tesis revisionista del “mal menor” y de “cerrar paso a la derecha”. Muchos de estos partidos terminaron luchando “en contra de la dictadura y por el retorno a la democracia”.

A esto se suman las organizaciones autotituladas de izquierda o de “intelectuales”, muy influenciados por el postmodernismo y el indianismo. Estos “izquierdistas” niegan de manera soterrada o abierta el papel del proletariado en el proceso revolucionario y la necesidad del Partido revolucionario. Uno de los principales representantes de esta corriente es el vicepresidente de la República, Álvaro García, que está acompañado de toda una camada de “pensadores” que levantan “novísimas teorías” acerca del sujeto de transformación revolucionaria. Estas “lumbreras” identifican al indígena, a los movimientos vecinales o a los “movimientos sociales” como los elementos transformadores de la sociedad (incluso hubo quien planteó que el nuevo sujeto histórico es el migrante). Toda una serie de especulaciones para negar el papel histórico del proletariado y, principalmente, de su Partido.

Por otro lado está la estrechez del trotskysmo, que carece de una estrategia de poder y que, con su obrerismo, ha menospreciado el papel del campesinado como clase. Aunque existe una tradición trotskysta en el país, esa particular experiencia ha sido nefasta porque ha conducido a las masas a un camino sin salida y a la derrota permanente. Su menosprecio a la potencialidad revolucionaria del campesinado ha generado que este sector desarrolle una animadversión al marxismo.

En términos generales, los revisionistas están participando del gobierno o tienen una posición ecléctica frente al denominado “proceso de cambio”. En el gobierno están los partidos comunistas de membrete, así como organizaciones autodenominadas de izquierda (PCML, PCB, PS, MG, entre otros), cuyo fin es constituirse como escudo ideológico del gobierno y justificar el programa reformista del MAS. Su eterno argumento está centrado en el temor a una intervención del imperialismo yanqui. Para contrarrestar su miedo, trabajan en apuntalar al gobierno y apoyar las concesiones a la facción compradora y los terratenientes. Cuando la lógica del gobierno es conciliar intereses con las transnacionales (vía nuevos impuestos o “nacionalización”) o con los terratenientes y burgueses compradores (vía pactos, como en la propuesta constitucional), llaman a la gente a “profundizar el proceso”. Esta “profundización” no es otra cosa que la ejecución del programa burgués burocrático del gobierno, pero centralmente reestructurar el viejo Estado terrateniente en función de darle nueva vida y traicionar los verdaderos intereses de las masas.

Cuando el revisionismo encuentra “errores” en el gobierno, los atribuye a la existencia de “funcionarios malos”. El “compañero Evo” es “el bueno” y los ministros de su entorno son “los malos”. Incluso han levantado la teoría del “presidente cautivo”, con la que limpian la cara de Evo Morales para que las masas mantengan su confianza en el caudillo.

Ahora estos revisionistas –partidarios acérrimos del frentismo en el pasado y que incluso levantaron armas en alianza con corrientes católicas, indianistas y foquistas– pretenden echar la culpa de su derrota a la concepción de Partido, cuando en los hechos nunca aplicaron la concepción leninista del Partido. Sus manotazos de ahogado apuntan a “crear” una estrategia de poder a partir de las organizaciones populares, sin necesidad de organizar una vanguardia política, y a negar el papel de la violencia revolucionaria. Su más clara dirección se encamina a fabricar organizaciones electorales para presentarse a pugnar en “elecciones democráticas”.

El poder nace del fusil. Eso lo reafirma la práctica política de nuestro pueblo en estos últimos tiempos. La rebelión de octubre de 2003 no pudo avanzar más allá debido a la falta de dirección política, es decir de un Partido revolucionario y a la ausencia de una fuerza armada revolucionaria. En ese momento las organizaciones populares buscaron organizar una Asamblea Nacional Popular Originaria; muchos gritaron “ahí está el nuevo poder”, pero el poder no se crea ni se sostiene con los discursos de los dirigentes populares. Por eso la gran lección del movimiento popular fue y es la necesidad de organización política. Ese momento concreto también mostró las limitaciones y dificultades de quienes asumimos el maoísmo, y nos ha planteado las tareas futuras.

La necesidad de organizar el Partido del proletariado

Sin un partido revolucionario, el pueblo boliviano no podrá conseguir sus sueños de liberación. Los comunistas debemos organizar y construir el Partido del proletariado que sea capaz de constituirse en vanguardia organizada del pueblo para hacer la revolución. Ésa es la tarea más urgente en este momento. Sin esa concepción no puede haber partido revolucionario.

La lucha permanente de las masas nos señala la urgente necesidad de construir la vanguardia revolucionaria del pueblo. El pueblo boliviano tiene una rica experiencia de enfrentamiento contra las clases dominantes, pero ha carecido de una dirección proletaria para hacer la revolución. En estos años de formación y desarrollo del capitalismo burocrático en el país, los comunistas no han podido cumplir su papel por no ver con claridad a los enemigos del pueblo. Los intentos de crear el campo popular y construir el camino de la revolución, que significa crear los tres instrumentos para hacer la revolución (el Partido, el Ejército y el Frente), han sido desviados por direcciones revisionistas que han traicionado de mil maneras a las masas y devinieron en organizaciones electoreras o frentistas para eludir el camino de la violencia revolucionaria.

Pero la crisis del capitalismo burocrático se agudiza sin pausa. Los procesos de reestructuración estatal son cada vez de menos aliento y es por eso que la única salida que tienen los explotados en Bolivia es hacer la Revolución de Nueva Democracia, proceso que implica la fundamental tarea de la construcción del Partido Comunista.

Concebimos que esta construcción tiene características particulares, de acuerdo a las luchas del pueblo boliviano, guiado por el marxismo-leninismo-maoísmo con una aplicación a las condiciones concretas de nuestro país, a sus leyes particulares y a su tradición de lucha.

El Partido de la clase no es para participar en elecciones o para conseguir ciertas mejoras a las difíciles condiciones de vida de las masas, tiene que ser un Partido para hacer la revolución mediante la Guerra Popular, para hacer la Revolución de Nueva Democracia y la Revolución Socialista, y marchar al Comunismo a través de Revoluciones Culturales; por ello, la construcción del Partido es la tarea estratégica de los maoístas bolivianos.

No votar, desarrollar un verdadero movimiento popular

El viejo Estado se apresta a reestructurarse a través de una nueva Constitución y eso no traerá solución a los profundos problemas de nuestro pueblo. La propuesta constitucional sólo apunta a sellar el pacto de las clases dominantes y a implementar el programa de la burguesía burocrática, dando así un respiro al viejo Estado terrateniente burocrático.

Las condiciones de miseria, explotación y servidumbre no serán solucionadas con una reforma constitucional. Para una verdadera solución es necesario hacer una verdadera revolución y acabar con la fuente de todos estos males: la semifeudalidad (la explotación del pueblo a manos de los terratenientes), el capitalismo burocrático (la explotación que hace la gran burguesía) y la opresión imperialista.

El pueblo no conquista sus derechos y su liberación haciendo un cambio de leyes sino aplicando violencia revolucionaria y tomando el poder en sus manos para transformar nuestro país en una sociedad justa, que acabe con la explotación, reconquiste nuestros recursos de verdad, transforme nuestro aparato productivo y garantice la alimentación, la educación y la salud del pueblo.

El pueblo boliviano necesita construir un movimiento popular independiente del gobierno con una visión de clase. Construir el campo popular no será fácil, pero con una dirección revolucionaria lo conseguirá y así dejará el engaño reformista para encaminarse en un camino revolucionario.

El pueblo no puede esperar nada de estas elecciones, por el contrario debe rechazar este acto convocado por el viejo Estado y sus clases dominantes. NO VOTAR. Ni por el Sí ni por el No, porque ambas opciones están pensadas para avalar al gobierno o a la oposición. Nuestro rechazo es al sistema mismo que es el que genera hambre, miseria y explotación. Somos conscientes de que nuestro llamado es aún una voz pequeña, pero nuestra posición es de principio. La historia ha enseñado que quienes en este momento son minoría, mañana pueden ser mayoría, lo principal es coger la ideología correcta y señalar el camino. Nuestro camino es sinuoso pero el futuro es brillante, señalaba el Presidente Mao. No es menos cierto eso hoy, principalmente porque nadamos contra la corriente y es necesario aprender a hacerlo. Nos oponemos con fuerza a este sistema de explotación y por ello rechazamos el llamado de las clases dominantes a votar. Es necesario que el pueblo se organice y retome su camino revolucionario.


¡¡NO VOTAR, DESARROLLAR UN VERDADERO MOVIMIENTO POPULAR!!

¡¡CONSTRUIR EL PARTIDO DE LA CLASE!!

¡¡ABAJO EL VIEJO ESTADO TERRATENIENTE BUROCRÁTICO!!

¡¡CONQUISTAR LA TIERRA Y DESTRUIR EL LATIFUNDIO!!

 

 Bolivia, enero de 2009

Frente Revolucionario del Pueblo  m-l-m

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